Sala IV da tres días al ministro de Cultura para explicar cumplimiento de sentencia por daños al Teatro Nacional
La Sala Constitucional pidió a Jorge Rodríguez Vives que informe y aporte pruebas sobre el avance del procedimiento administrativo que debía determinar eventuales responsabilidades por las intervenciones que provocaron daños en elementos históricos del Teatro Nacional. El plazo de dos meses ordenado en febrero ya venció.
La Sala Constitucional volvió a poner bajo la lupa al Ministerio de Cultura y Juventud por el caso de las intervenciones realizadas en el Teatro Nacional de Costa Rica, luego de que el plazo establecido para determinar eventuales responsabilidades disciplinarias llegara a su fin sin que constara en el expediente evidencia de su cumplimiento.
Ahora, el ministro de Cultura y Juventud,Jorge Rodríguez Vives, deberá referirse al cumplimiento de la sentencia y aportar las pruebas correspondientes en un plazo de tres días. La nueva actuación se tramita dentro del expediente 25-038490-0007-CO.
¿Qué había ordenado la Sala IV?
El 17 de febrero de 2026, mediante la resolución 2026-5768, la Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo relacionado con las obras ejecutadas en el Teatro Nacional durante octubre y noviembre de 2025.
Los magistrados determinaron afectaciones en las puertas y las piedras de los muros perimetrales del inmueble patrimonial, además de cuestionar que los trabajos de restauración comenzaran sin que los protocolos correspondientes hubieran sido validados por el órgano técnico competente.
La resolución ordenó suspender las obras sobre esas estructuras y establecer, en un plazo máximo de un mes, los criterios y protocolos técnicos necesarios para continuar las labores de conservación y restauración.
Pero además estableció una orden específica para el ministro: concluir en un máximo de dos meses el procedimiento administrativo iniciado para determinar las responsabilidades disciplinarias que correspondieran.
El plazo ya venció!
La nueva advertencia de la Sala responde a una solicitud de seguimiento presentada por el ciudadano que interpuso el recurso de amparo.
Según la información publicada sobre el caso, el recurrente señaló que había transcurrido un plazo que excedía notoriamente los dos meses establecidos por la Sala sin que constara en el expediente documentación que acreditara el cumplimiento de la orden.
El Ministerio de Cultura había informado anteriormente que mantenía abierta la investigación y que, por razones relacionadas con el debido proceso, la presunción de inocencia y la confidencialidad de las actuaciones administrativas, no podía confirmar ni descartar medidas contra funcionarios determinados.
¿Qué pasa si se determina que hubo desobediencia?
La Sala Constitucional advierte que, si se acredita el incumplimiento de su orden, podría abrirse un procedimiento administrativo contra el funcionario que no la haya acatado y también podrían remitirse piezas para analizar la eventual comisión del delito de desobediencia.
La propia sentencia de febrero ya había advertido que el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional contempla penas de tres meses a dos años de prisión o de 20 a 60 días multa para quien reciba una orden dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpla, siempre que el hecho no esté más gravemente penado.
Esto no significa que el ministro haya sido declarado responsable de un delito. La Sala primero deberá valorar la respuesta y las pruebas que presente para determinar si existió incumplimiento.
¿Qué daños se investigan?
El caso se originó por intervenciones realizadas en el Teatro Nacional durante 2025.
Informes técnicos citados en el seguimiento del caso señalaron daños en elementos históricos del inmueble. Entre ellos se encuentran las puertas, a las que se habría aplicado masilla plástica automotriz y un procedimiento de lijado que provocó deformaciones en las molduras y problemas de cierre.
También fueron cuestionadas las intervenciones realizadas en las piedras de los muros perimetrales, construidos a finales del siglo XIX. Según los informes citados, las juntas entre las piedras fueron ampliadas y posteriormente rellenadas con concreto.
La Sala Constitucional calificó las afectaciones como daños a elementos históricos del Teatro Nacional y estableció medidas para proteger su integridad material, histórica y estética.
El caso también está bajo investigación penal
El expediente tiene además una dimensión que trasciende el ámbito administrativo.
La Fiscalía Adjunta Ambiental abrió de oficio una causa penal por los daños ocasionados durante las intervenciones del Teatro Nacional. La investigación busca determinar si se produjo un eventual delito relacionado con el daño al patrimonio histórico-arquitectónico y, según la información disponible, se tramita contra persona ignorada.
Por otra parte, la Asamblea Legislativa abrió en marzo una investigación en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público sobre los daños provocados en el inmueble.
El Teatro Nacional, nuevamente en el centro de la discusión
La nueva advertencia de la Sala IV coloca nuevamente el patrimonio histórico del país en el centro del debate.
Ahora la atención está puesta en la respuesta que deberá presentar el ministro Jorge Rodríguez Vives dentro de los tres días establecidos por la Sala.
La pregunta ya no es únicamente quién tendrá que responder por los daños ocasionados al Teatro Nacional, sino también si el Ministerio de Cultura cumplió la orden judicial de investigar y determinar las eventuales responsabilidades dentro del plazo establecido.
Aló Noticias dará seguimiento a la respuesta del Ministerio y a lo que determine la Sala Constitucional.
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