Sala IV condena al Estado por declaraciones del ministro de Justicia contra opositores de Cero Ocio
El tribunal declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo tras las afirmaciones de Gabriel Aguilar, quien aseguró que el Gobierno tenía identificadas a personas críticas del programa penitenciario.
La Sala Constitucional condenó al Estado costarricense a raíz de declaraciones del ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, quien afirmó públicamente que el Gobierno tenía identificadas a personas opositoras al programa Cero Ocio.
“Ya los tenemos identificados”, manifestó el jerarca durante una sesión del Consejo de Gobierno celebrada el 12 de agosto de 2026.
El pronunciamiento judicial corresponde al expediente 26-029621-0007-CO, cuyo recurso de amparo fue declarado parcialmente con lugar el pasado 29 de octubre.
¿Qué originó el recurso de amparo?
La controversia surgió cuando Aguilar se refirió públicamente a quienes cuestionaban el programa Cero Ocio, iniciativa mediante la cual personas privadas de libertad participan en labores de limpieza, chapea y mantenimiento de vías nacionales, entre otras actividades.
Las declaraciones del ministro fueron cuestionadas mediante un recurso de amparo presentado ante la Sala Constitucional.
El fallo parcialmente favorable implica que el tribunal acogió parte de los reclamos planteados, aunque ese resultado no significa necesariamente que todas las pretensiones del recurso fueran aceptadas.
Declaraciones provocaron cuestionamientos sobre identificación de ciudadanos
El recurso presentado por la activista Mía Fink Uleth cuestionó qué información podía tener el Gobierno sobre las personas mencionadas por Aguilar, cómo habrían sido identificadas y si existían registros relacionados con su participación en actividades políticas.
La controversia también llegó a la Asamblea Legislativa, donde diputados oficialistas defendieron al ministro y argumentaron que sus declaraciones habían sido sacadas de contexto.
¿Por qué es importante esta resolución?
El caso coloca nuevamente en discusión los límites de las declaraciones de funcionarios públicos frente a ciudadanos que expresan posiciones críticas sobre las políticas gubernamentales.
La Sala Constitucional tiene entre sus funciones proteger los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión.
Aló Noticias continuará dando seguimiento a las implicaciones de esta resolución y a las eventuales reacciones del Ministerio de Justicia.
Nota editorial: La declaración parcial con lugar y la fecha del fallo proceden de la información suministrada. No se obtuvo el texto íntegro de la sentencia, por lo que están pendientes de confirmar los fundamentos específicos, las órdenes judiciales y el alcance de la condena.
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