Orlando Aguirre advierte que el debate por el presupuesto del Poder Judicial va más allá del dinero
El presidente de la Corte Suprema de Justicia pone el foco en un punto clave: no solo importa cuánto dinero tiene el Poder Judicial, sino cuándo puede utilizarlo y qué puede hacer con esos recursos.
El debate por el presupuesto del Poder Judicial vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que va mucho más allá de las cifras: ¿qué ocurre cuando una institución tiene recursos aprobados, pero enfrenta restricciones para disponer de ellos?
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, ha advertido sobre las consecuencias que las restricciones presupuestarias pueden tener para el funcionamiento de la institución y para la respuesta del sistema de justicia.
En los últimos meses, la discusión presupuestaria ha escalado. El Poder Judicial ha cuestionado decisiones del Ministerio de Hacienda relacionadas con la disponibilidad y los recortes de recursos, mientras sostiene que estas medidas pueden afectar áreas esenciales. (Poder Judicial)
¿Por qué importa cuándo se puede utilizar el dinero?
Porque el presupuesto no funciona únicamente como una cifra anual.
Los recursos deben estar disponibles para contratar personal, realizar investigaciones, ejecutar operativos, atender procesos judiciales y mantener los servicios que reciben diariamente los ciudadanos.
El propio Poder Judicial ha señalado que las restricciones presupuestarias pueden limitar la capacidad del OIJ y del Ministerio Público, así como afectar servicios vinculados con la atención y protección de víctimas y el funcionamiento de los tribunales. (Poder Judicial)
En materia de seguridad, el impacto puede ser especialmente sensible.
El Poder Judicial ha informado que recursos incorporados al presupuesto 2026 para financiar plazas del OIJ y del Ministerio Público permanecieron sin ejecución por decisiones relacionadas con la programación financiera. La institución sostiene que esto limita su capacidad para responder a la criminalidad. (Poder Judicial)
Y existen necesidades que tampoco cuentan con contenido presupuestario. Para 2026, por ejemplo, el Poder Judicial identificó requerimientos para fortalecer despachos penales, custodiar personas detenidas, reforzar la atención a víctimas y ampliar capacidades en distintas áreas. (Poder Judicial)
El debate de fondo
La discusión, entonces, no debería reducirse a una pregunta sobre cuánto dinero recibe el Poder Judicial.
También hay que preguntarse:
¿Cuándo puede disponer de esos recursos?
¿Qué partidas puede ejecutar?
¿Quién determina cuándo esos recursos están disponibles?
Y, sobre todo:
¿Qué consecuencias tiene para los ciudadanos que el dinero destinado a la justicia no pueda utilizarse cuando la institución lo necesita?
Para un país que enfrenta un aumento de la criminalidad y una creciente presión sobre el sistema de justicia, el tema adquiere una dimensión todavía mayor.
Porque detrás de una partida presupuestaria puede haber una investigación que debe realizarse, una víctima que necesita protección, un juicio que debe celebrarse o un tribunal que necesita funcionar.
El debate presupuestario también es, en última instancia, un debate sobre la capacidad del Estado para garantizar justicia.
🔎 ¿Usted considera que las restricciones presupuestarias están poniendo en riesgo el funcionamiento de la justicia en Costa Rica?
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