UPINS Condena Interferencia Política en Negociación Salarial del INS

La Unión de Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS) condenó este viernes, de manera categórica, cualquier maniobra de carácter político que afecte los derechos laborales de sus afiliados. La declaración se produce tras las graves acusaciones realizadas el día anterior por el exgerente general de la institución, Luis Fernando Monge, quien señaló que la actual presidenta ejecutiva, Gabriela Chacón, habría pospuesto un aumento salarial por razones electorales.

A través de un comunicado de prensa, la agrupación sindical manifestó su rechazo absoluto a acciones que busquen obstaculizar o debilitar un ajuste salarial justo y necesario para sus trabajadores. La organización afirmó que, desde inicios del presente año, ha sostenido procesos formales, técnicos y responsables de negociación. Estos esfuerzos no solo están orientados a concretar un reajuste económico, sino también a la negociación integral de la Convención Colectiva de Trabajo, instrumento considerado legítimo para la protección de las condiciones laborales y económicas de los funcionarios.

El punto de conflicto se originó durante una comparecencia de Monge ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, este jueves. El exgerente relató que, durante su gestión, intentó aprobar dicho ajuste salarial, pero recibió una directriz contraria de la presidenta Chacón. Según su testimonio, Chacón le indicó que, por razones electorales, los aumentos se aplicarían hasta enero de 2026, a un mes de las próximas elecciones presidenciales. Monge denunció que, ante su insistencia, la presidenta le habría advertido que, si procedía con la aprobación, tendría que asumir las consecuencias, llegando a decirle, frente a testigos, que ella lo “zafaría de la tabla” ante el señor Presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Frente a estas acusaciones, el sindicato salió en defensa de la legitimidad de su reclamo. Argumentó que el ajuste salarial incluido en la Convención Colectiva no constituye un privilegio ni una concesión discrecional, sino una medida indispensable para la recuperación progresiva del poder adquisitivo de los trabajadores, el cual, según afirmaron, se ha deteriorado severamente. La organización hizo hincapié en que los funcionarios públicos han sido objeto de contención, congelamiento y rezago salarial por un período no menor a los últimos doce años, situación que ha generado un impacto real y sostenido en la calidad de vida de las personas trabajadoras y sus familias.

Finalmente, UPINS exigió que las negociaciones en curso se desarrollen en un ámbito libre de interferencias políticas, respetando los principios de legalidad, buena fe, justicia social y dignidad del trabajo. Subrayó que estos principios son pilares fundamentales del Estado Social de Derecho y deben prevalecer por encima de cualquier cálculo electoral o interés partidista. El llamado del sindicato busca preservar la autonomía del proceso negociador y garantizar que los derechos laborales se resuelvan en la mesa de diálogo, y no bajo la sombra de consideraciones políticas externas.