UNP fija posición ante plan de rotación policial anunciado por Presidenta
Esteban Fallas Chavarría, secretario general de la Unión Nacional de Policías, cuestiona los alcances de la nueva política anunciada por el Gobierno y plantea la necesidad de escuchar a los funcionarios policiales antes de aplicar cambios que impactarán directamente su vida laboral y familiar.
La nueva política anunciada por la presidenta de la República, Laura Fernández, para establecer un sistema de rotación territorial de los cuerpos policiales ya genera una reacción desde las organizaciones que representan a los funcionarios de seguridad.
En un manifiesto divulgado este miércoles, Esteban Fallas Chavarría, secretario general de la Unión Nacional de Policías (UNP), fijó la posición de la organización frente a una medida que el Gobierno presenta como una herramienta para prevenir la corrupción y evitar que los oficiales desarrollen vínculos permanentes en las comunidades donde prestan servicio.
La presidenta Laura Fernández anunció que los policías podrían ser trasladados entre provincias cada tres meses. Como ejemplo, señaló que funcionarios destacados en Guanacaste podrían pasar a trabajar temporalmente a Heredia, mientras oficiales de Heredia serían enviados a Guanacaste. También planteó movimientos entre Cartago y Limón.
La disposición alcanzaría a la Fuerza Pública, Policía Penitenciaria, Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y otras divisiones policiales. El Gobierno sostiene que el objetivo es reducir las posibilidades de arraigo territorial y prevenir eventuales redes de corrupción.
La posición de los policías
El pronunciamiento de Fallas coloca el debate en una dimensión que va más allá de la lucha contra la corrupción: las condiciones laborales de quienes deberán ejecutar la política de seguridad en las calles.
La UNP sostiene que cualquier transformación de esta naturaleza debe considerar la realidad de los funcionarios policiales, sus condiciones de servicio, organización familiar, traslados, jornadas y las consecuencias que una movilidad permanente puede generar sobre el personal.
El planteamiento sindical cobra especial relevancia porque la rotación anunciada por el Ejecutivo no se limitaría a casos particulares. La presidenta ha señalado que la medida pretende aplicarse de manera general a los cuerpos policiales bajo su administración.
Fernández justificó la decisión señalando que no quiere policías “arraigados” en las comunidades defendiendo intereses distintos a los de la seguridad nacional y afirmó que el mecanismo es jurídicamente viable.
Corrupción policial: el problema existe, pero también importa cómo se enfrenta
El Gobierno ha colocado la lucha contra la corrupción policial como uno de los argumentos centrales de su nueva política.
Durante el anuncio, el ministro de Seguridad, Gerald Campos, informó que existen investigaciones preliminares sobre aproximadamente 200 policías, mientras las autoridades fortalecen los mecanismos internos para detectar posibles irregularidades.
El debate, por tanto, no gira únicamente alrededor de si debe existir una respuesta contra la infiltración del crimen organizado.
La discusión también alcanza qué mecanismos son efectivos, cómo se aplicarán, qué controles tendrán y cómo se garantizará que las medidas no terminen afectando a los funcionarios que cumplen correctamente con su labor.
Ese es precisamente uno de los puntos que la representación sindical pone sobre la mesa.
Una decisión que puede cambiar la dinámica de la Fuerza Pública
La eventual aplicación de una rotación periódica representaría un cambio importante en la forma en que los cuerpos policiales han operado territorialmente.
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