Puente Real de Liberia: diputada confirma que aún no hay obra definida, presupuesto ni fecha de solución
Proyecto para retirar la protección patrimonial del puente ya se encuentra en comisión legislativa, pero todavía requiere estudios técnicos y coordinación institucional.
Liberia, Guanacaste | 10 de noviembre de 2026.

El futuro del histórico Puente Real de Liberia continúa sin una solución definitiva. Aunque un proyecto de ley busca retirar la protección patrimonial de la estructura para facilitar la búsqueda de alternativas viales, todavía no existe una obra definida, un presupuesto aprobado ni un cronograma para resolver los problemas de circulación que afectan a las comunidades.
Así se desprende del oficio AL-FPPS-42-OFI-0200-2026, fechado el 9 de noviembre, mediante el cual la diputada por Guanacaste, Nayuribe Guadamuz Rosales, respondió una serie de consultas formuladas por Eddy Antonio Álvarez Rivas, presidente del Comité Ejecutivo Superior del Partido Liberia Unida.
La respuesta legislativa permite conocer el estado real de la iniciativa y, especialmente, los aspectos que aún deben resolverse antes de que pueda concretarse una intervención en el puente.
Proyecto avanza, pero todavía debe superar el análisis legislativo
El expediente legislativo N.º 25.834, denominado Desafectación del Régimen del Patrimonio Histórico y Arquitectónico del Puente Real de Liberia, fue remitido a publicación el 14 de octubre de 2026.
Posteriormente, el 26 de octubre, fue asignado a la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo.
Según explicó la legisladora, esta etapa permitirá solicitar criterios a las instituciones competentes en materia de patrimonio histórico, infraestructura vial y otras áreas relacionadas.
Sin embargo, la diputada reconoce que todavía no es posible establecer fechas para su aprobación en primer o segundo debate.
¿Se pretende demoler el Puente Real?
Uno de los principales aspectos aclarados en el documento es que el proyecto de ley no ordena demoler, trasladar ni sustituir el Puente Real.
La iniciativa busca modificar el régimen jurídico de protección patrimonial que actualmente tiene la estructura.
Esto significa que una eventual aprobación legislativa no determinaría automáticamente qué ocurrirá físicamente con el puente.
Entre las alternativas que podrían estudiarse se encuentran su rehabilitación, sustitución o la construcción de una infraestructura vial alterna.
No obstante, cualquiera de estas posibilidades deberá contar con estudios que permitan establecer su viabilidad técnica, económica y las condiciones de seguridad.
La diputada también reconoce que los problemas de circulación, las vibraciones y los impactos sonoros no constituyen, por sí solos, una demostración de que el inmueble haya perdido su valor histórico y arquitectónico.
Esa valoración deberá realizarse mediante criterios especializados.
No existe un presupuesto aprobado para una eventual obra
Otro punto relevante de la respuesta legislativa es la ausencia de una estimación económica para intervenir el Puente Real.
La diputada explica que el expediente N.º 25.834 no constituye un proyecto de construcción con diseños, costos y fuentes de financiamiento previamente aprobados.
El monto de una eventual intervención dependerá de la alternativa que resulte técnicamente viable y de los estudios que desarrollen las instituciones responsables.
La legisladora también señala que la ausencia de una partida específica en el presupuesto municipal de 2027 no determina, por sí sola, la procedencia o improcedencia del proyecto de ley.
Sin embargo, reconoce que cualquier solución de infraestructura requerirá definir responsabilidades institucionales, costos y mecanismos de financiamiento.
En consecuencia, el avance del proyecto legislativo no garantiza que existan recursos disponibles para ejecutar una obra.
Diputada confirma que aún no se habían realizado reuniones interinstitucionales

Uno de los señalamientos más importantes del oficio se relaciona con la coordinación entre las instituciones que eventualmente tendrían participación en una solución.
La diputada reconoce expresamente que, hasta el 9 de noviembre de 2026, no se habían celebrado reuniones de coordinación interinstitucional sobre esta iniciativa.
Explica que la presentación del expediente constituyó el primer paso de la gestión legislativa y que, a partir de su asignación a comisión, su despacho promoverá encuentros con la Municipalidad de Liberia, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Ministerio de Cultura y Juventud y otras instituciones competentes.
El objetivo sería conocer las valoraciones técnicas, examinar alternativas e identificar posibles acciones y fuentes de financiamiento.
Esta información plantea una interrogante importante: ¿cuándo comenzará la coordinación efectiva para transformar la iniciativa legislativa en una propuesta concreta de solución vial?
¿Por qué se menciona el antecedente del Puente de Guardia?
En su respuesta, la diputada también se refiere al expediente legislativo N.º 24.186, relacionado con el Puente de Guardia.
Explica que aquel procedimiento respondió a circunstancias particulares, incluida la disponibilidad de documentación técnica y criterios patrimoniales que permitieron impulsar su conocimiento mediante una dispensa de trámites.
En el caso del Puente Real, considera necesario que el expediente avance por las etapas correspondientes e incorpore los criterios especializados.
Por ello, no anticipa que se pueda utilizar el mismo mecanismo de agilización legislativa.
La participación ciudadana en la búsqueda de soluciones
El documento reconoce la participación del Comité Cívico por el Libre Tránsito sobre Puente Real, organización que ha promovido gestiones para atender la problemática.
Según la legisladora, la exposición de motivos del proyecto incorpora antecedentes históricos, técnicos y administrativos, así como documentación aportada por esta organización ciudadana.
No obstante, la diputada señala que la disponibilidad de estudios e informes técnicos adicionales dependerá de las consultas y actuaciones que desarrollen las instituciones competentes.
Las preguntas que siguen pendientes
A partir de la respuesta legislativa, permanecen abiertas varias interrogantes de interés público:
¿Qué institución asumirá el liderazgo técnico para definir la solución vial?
¿Cuándo se realizarán las primeras reuniones de coordinación?
¿Qué estudios actualizados existen sobre el estado del puente y las alternativas de intervención?
¿Cuánto podría costar una eventual solución y de dónde saldrían los recursos?
¿Qué medidas se adoptarán para atender los problemas de movilidad mientras avanza el trámite legislativo?
Una iniciativa legislativa no equivale a una solución construida
La respuesta de la diputada permite establecer una diferencia fundamental entre el trámite para modificar la protección patrimonial del Puente Real y la ejecución de una obra pública.
Incluso si el expediente N.º 25.834 llega a convertirse en ley, cualquier intervención posterior deberá cumplir con los estudios, autorizaciones y procedimientos administrativos y presupuestarios correspondientes.
Por ahora, el proyecto representa un avance en la discusión legislativa, pero no una solución vial aprobada y financiada.
Para los habitantes de Liberia, el desafío será que las gestiones políticas e institucionales se traduzcan en decisiones técnicas, recursos y un cronograma verificable.
Aló Noticias continuará dando seguimiento al expediente legislativo y a las actuaciones de las instituciones involucradas.
¿Considera usted que debe priorizarse la conservación del Puente Real o buscarse una alternativa vial que resuelva los problemas de circulación sin afectar su valor histórico?
Fuente: Oficio AL-FPPS-42-OFI-0200-2026, despacho de la diputada Nayuribe Guadamuz Rosales, 9 de noviembre de 2026, en respuesta al oficio CES-2210-2026-0034 del Partido Liberia Unida.




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