Nueva ley fortalece la protección de niños, niñas y adolescentes y mejora la gestión del PANI
- Ivannia Zeledon Alvarez
- 1 jun
- 3 min de lectura
La separación de menores de sus familias será una medida excepcional y se reforzará el seguimiento para evitar procesos prolongados de institucionalización.
La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate la “Ley para el Mejoramiento de la Gestión del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y Fortalecimiento del Proceso Especial de Protección de las Personas Menores de Edad”, una reforma que busca garantizar que los niños, niñas y adolescentes crezcan en entornos familiares y que la separación de su núcleo familiar sea una medida de carácter excepcional.
El proyecto fue presentado en octubre de 2024 y recibió aprobación unánime en mayo de 2026, consolidándose como una de las reformas más importantes en materia de protección de la niñez durante los últimos años.
Actualmente, el PANI mantiene bajo protección a cerca de 15.500 personas menores de edad. De ellas, un 87,7% se encuentra en acogimiento con familias biológicas ampliadas o redes comunales, un 10,3% permanece en organizaciones especializadas y apenas un 2% en albergues.
La presidenta ejecutiva del PANI, María José Vega Sanabria, destacó que la reforma fortalece la misión institucional de acompañar a las familias y garantizar el desarrollo integral de la niñez y adolescencia.
“El PANI tiene el encargo más noble, que es cuidar a nuestra niñez y adolescencia y acompañar a las familias. Si bien la mayoría de ellas cumplen con ser el entorno protector, algunas requieren apoyo y otras definitivamente no pueden; y aquí es donde el Estado responde para garantizar que los niños y niñas logren su desarrollo integral en familias y no en instituciones”, expresó.
Prioridad: crecer en familia
Uno de los principales cambios introducidos por la nueva legislación establece que la separación de un niño, niña o adolescente de su familia nuclear o extensa solo podrá aplicarse de forma excepcional y bajo las circunstancias establecidas por la ley.
Asimismo, cuando la separación resulte indispensable, las autoridades deberán priorizar alternativas de acogimiento familiar o comunitario antes que la institucionalización, así como promover soluciones permanentes como la adopción cuando corresponda.
La normativa se alinea con la Convención sobre los Derechos del Niño, el Código de la Niñez y la Adolescencia y las Directrices de las Naciones Unidas sobre Modalidades Alternativas de Cuidados de los Niños.
Mayor control y seguimiento
La ley también crea mecanismos obligatorios de monitoreo para revisar periódicamente la situación de cada menor bajo protección estatal y garantizar que los procesos administrativos y judiciales avancen con mayor celeridad.
Entre las medidas destaca la obligación de realizar una valoración inmediata cuando una persona menor de edad permanezca más de tres meses bajo protección estatal, con el objetivo de acelerar la restitución de derechos y evitar permanencias prolongadas en alternativas de cuidado.
Además, se establece una revisión anual de los procesos de desinstitucionalización y vinculación con programas de adopción.
Preparación para la vida adulta
Otro aspecto relevante de la reforma es la obligación del PANI de desarrollar programas y proyectos dirigidos a adolescentes que permanecen bajo protección estatal, con el fin de fortalecer habilidades, conocimientos y competencias que faciliten su inserción social y laboral al alcanzar la mayoría de edad.
La iniciativa busca asegurar que los jóvenes cuenten con herramientas para construir proyectos de vida sólidos y desarrollar plenamente su autonomía.
Con esta reforma, las autoridades esperan fortalecer la protección integral de la niñez y adolescencia costarricense, priorizando siempre el derecho de las personas menores de edad a crecer en un entorno familiar seguro, estable y afectivo.
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