Aeropuerto Daniel Oduber bajo presión: denuncian presunto incumplimiento sistemático de funciones en Migración que colapsa la operación

Por Redacción | Investigación Especial

El aeropuerto internacional Daniel Oduber Quirós, principal puerta de entrada aérea al Pacífico costarricense, estaría enfrentando una crisis operativa silenciosa provocada no por falta de infraestructura, sino por un presunto incumplimiento reiterado de deberes por parte de oficiales de la Policía Profesional de Migración destacados en la terminal.

Una fuente interna de la administración aeroportuaria, con conocimiento directo de la operación diaria, denunció a este medio que la subutilización deliberada del personal asignado a los controles migratorios estaría generando saturación crónica, atrasos masivos y la activación constante de planes de contingencia que afectan horarios, recursos y la experiencia de miles de pasajeros.

21 puestos disponibles, menos de la mitad en operación real

Según la denuncia, el área de Migración de Llegadas cuenta con 21 puestos de control plenamente habilitados, diseñados para garantizar un flujo ágil de pasajeros extranjeros hacia el país. Sin embargo, aunque hasta 13 oficiales pueden estar asignados por turno, solo entre cinco y siete estarían atendiendo efectivamente.

“No es un problema de falta de personal, es un problema de falta de voluntad. Los demás se sientan con el celular y se molestan cuando se les pide que trabajen”, aseguró la fuente.

Cuando se les solicita incorporarse a la atención, algunos oficiales —según la denuncia— alegan fallos en el sistema migratorio, pese a que los puestos contiguos continúan operando con normalidad.

Salidas: menos personal, más retrasos

La situación se repite en Migración de Salidas, donde existen 16 puestos, pero usualmente solo cinco oficiales atienden, incluso en horarios de alta demanda turística. Esto genera filas extensas, estrés operativo y riesgo de retrasos en vuelos internacionales, un impacto que termina siendo atribuido al aeropuerto y a las aerolíneas, no a la autoridad migratoria.

Más grave aún, la fuente indica que en determinados momentos no hay personal asignado para la atención de personas con discapacidad, lo que podría constituir una falla grave en el cumplimiento de estándares mínimos de accesibilidad y derechos humanos.

Planes de contingencia que encubren el problema

Personal administrativo sostiene que, ante el colapso, el aeropuerto se ve obligado a activar protocolos extraordinarios para evitar un caos mayor. Sin embargo, estos planes —pensados para emergencias— estarían siendo utilizados de forma recurrente, normalizando una deficiencia que debería ser corregida desde la jerarquía de Migración.

“Se apaga el incendio todos los días, pero nadie va a la raíz del problema”, señaló la fuente.

¿Falta de supervisión o tolerancia institucional?

Las denuncias plantean una pregunta de fondo:

¿Existe una supervisión efectiva sobre el desempeño de los oficiales de Migración en uno de los aeropuertos más importantes del país?

El presunto incumplimiento sistemático de funciones, de comprobarse, podría configurar faltas administrativas graves, con responsabilidad no solo individual, sino también de las jefaturas inmediatas y superiores por omisión o tolerancia.

Exigen intervención inmediata

La fuente hizo un llamado directo a la Dirección General de Migración y Extranjería, al Ministerio de Seguridad Pública y a los entes de control interno del Estado para que se realicen inspecciones in situ, auditorías de desempeño y revisión de roles y horarios.

Este medio gestionó consulta formal ante la Dirección General de Migración y Extranjería para conocer:

• cuántos oficiales están asignados por turno en Liberia,

• Cuáles mecanismos de control de desempeño existen,

• Y si se han recibido denuncias previas similares.

Al cierre de esta edición, no se ha obtenido respuesta oficial y quedamos atentos al tramite de consulta presentado ante la Dirección General de Migración.

📌 Nota de transparencia:

Este medio protege la identidad de su fuente conforme a la Constitución Política, la jurisprudencia de la Sala Constitucional y los principios del periodismo investigativo. Las denuncias aquí expuestas requieren verificación oficial y actuación inmediata de las autoridades competentes.